San Lázaro da la espalda a los ciudadanos y blinda el proceso de los consejeros electorales
Un derecho fundamental de los mexicanos ha sido restringido en la Cámara de Diputados, precisamente en torno a uno de los temas más sensibles para la estabilidad del país: la conformación del árbitro electoral. En una maniobra que ha despertado profundas críticas de colectivos ciudadanos, se dictaminó que toda la información que detalla cómo se eligió a los nuevos consejeros del INE permanecerá bajo estricto secreto y fuera del alcance público por cinco años.
A través de la cobertura informativa de El Excélsior, se detalló que la resolución fue aprobada en el Comité de Transparencia legislativo gracias al voto disciplinado de funcionarios vinculados a la mayoría parlamentaria de Morena. Al enterarse del resultado, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, alzó la voz para hacer público su rotundo desacuerdo y compartir los argumentos democráticos que presentó para intentar frenar este dictamen.
López Rabadán manifestó que el acceso libre a la información pública es el pilar sobre el cual se edifica una sociedad genuinamente equitativa, eficiente y justa. Explicó que cuando las dependencias exponen con nitidez sus metodologías de trabajo, no solo se fomenta que los ciudadanos participen activamente, sino que se obliga a las autoridades a elevar la calidad de sus prácticas y a conducirse bajo el principio de la máxima publicidad.
La inconformidad institucional quedó debidamente registrada en las actas de San Lázaro gracias a Gustavo Flores Gutiérrez, secretario técnico de la Mesa Directiva. Flores Gutiérrez se encargó de leer ante el Comité de Transparencia el texto enviado por la diputada federal panista, fijando una posición contundente en contra de que se guardara bajo llave de forma total e indiscriminada el expediente del relevo del organismo electoral.
En dicho documento, se argumentó enérgicamente que la transparencia gubernamental jamás debe verse como una amenaza o un ataque hacia el ejercicio del poder, sino como la garantía mínima que posee la sociedad civil para supervisar que las decisiones colectivas se tomen de forma correcta, cuidando únicamente los aspectos genuinos de la privacidad y los datos sensibles de los particulares.
Con esta resolución, el Comité de Transparencia de la Cámara echa tierra sobre un proceso que estuvo marcado por la controversia de principio a fin. Analistas y observadores independientes recordaron que el Comité Técnico de Evaluación nunca pudo disipar las dudas sobre la opacidad en sus metodologías de depuración, ni tampoco aclarar de manera satisfactoria las sospechas de filtración de los exámenes que beneficiaron a perfiles oficialistas.
El grupo de funcionarios que avaló la reserva está integrado por Aliza Klip Moshinsky, Hugo Christian Rosas de León, Ileana Hidalgo Rioja, Andrés Lozano y Adolfo Román Montero. La oposición parlamentaria ha señalado de manera reiterada que la independencia de estos servidores públicos es inexistente, debido a que sus posiciones dependen de la voluntad política del coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, actual jefe de la Junta de Coordinación Política.
