Plan B contempla redimensionar los ayuntamientos y limitar gasto de congresos locales
La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que redefine el uso de los recursos públicos en estados y municipios, logrando 343 votos a favor en lo particular. El dictamen a los artículos 115, 116 y 134 emana de una propuesta para redimensionar los ayuntamientos y limitar el gasto de los congresos locales. El proyecto ha iniciado su ruta hacia las legislaturas de las entidades federativas para su ratificación y posterior implementación.
Durante la discusión en el Pleno, se destacó que el ahorro generado por la reducción de regidurías y topes presupuestales será reasignado hacia fines de interés social. En un comunicado de la Cámara de Diputados, se señala que el objetivo principal es fortalecer la austeridad republicana y asegurar que el ejercicio del poder no sea un espacio de privilegios económicos. La reforma contempla un esquema de implementación progresiva para asegurar una transición ordenada en los niveles de gobierno locales.
El cambio al artículo 115 establece que los ayuntamientos estarán compuestos por una presidencia, una sindicatura y hasta quince regidurías. Esta integración deberá observar siempre la paridad de género y la igualdad sustantiva en el acceso a los cargos. De igual forma, el artículo 116 limita el presupuesto de los congresos estatales, promoviendo una disciplina financiera que evite el gasto excesivo en las legislaturas locales.
En materia de salarios, el artículo 134 vincula las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales al tope máximo establecido por la Constitución. Se prohíbe explícitamente el uso de recursos públicos para prestaciones como regímenes especiales de retiro o seguros médicos mayores privados. Estas medidas aplican de manera integral para el INE y los organismos públicos locales, garantizando un uso transparente y honesto del dinero público.
Finalmente, la Cámara de Diputados remitió la minuta a los estados y a la Ciudad de México tras desechar diversas reservas presentadas por las bancadas. Los recursos que resulten de estos ahorros deberán ser integrados al patrimonio público con objetivos de desarrollo social. Con este acto, se da un paso significativo hacia una nueva cultura de responsabilidad administrativa y equilibrio presupuestario en todo el territorio nacional.
