El INE en disputa: Impugnan a Mario Alberto Alejo García
El pasado 22 de abril, Guadalupe Taddei Zavala firmó el oficio INE/PC/194/2026, nombrando a Mario Alberto Alejo García como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización. Lo que parecía ser un trámite administrativo más se ha convertido en una demanda judicial que acusa a la presidencia del INE de saltarse las reglas del juego para favorecer a perfiles específicos.
Con base en información de La Silla Rota, los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz alegan que el procedimiento es “contrario a derecho”. Presentaron una demanda de juicio general ante la Sala Superior del TEPJF, solicitando que el tribunal ejerza su facultad de revisión sobre este acto administrativo del instituto.
Los promoventes de la queja argumentan que se han violado requisitos legales y constitucionales. Según su postura, el nombramiento de un área tan sensible no puede dejarse a la interpretación subjetiva, sino que debe cumplir rigurosamente con los estándares de competencia técnica y legalidad que exige la fiscalización electoral.
Este conflicto es un síntoma de una crisis más profunda: el reacomodo de las piezas en el tablero del INE. Se han realizado ajustes en diversas áreas neurálgicas, lo que ha levantado sospechas sobre un posible fondo político en estos cambios. Las críticas apuntan a una pérdida de la colegialidad en el funcionamiento del organismo electoral.
La Unidad Técnica de Fiscalización es la encargada de auditar a los partidos políticos, por lo que su titular debe estar libre de cualquier duda sobre su nombramiento. Si el Tribunal Electoral encuentra irregularidades, el golpe para la gestión de Guadalupe Taddei será significativo, restándole autoridad moral frente al resto de los consejeros. El resultado de esta demanda definirá quién tiene realmente el control sobre la maquinaria operativa del INE. Por ahora, el instituto permanece sumido en una disputa que amenaza con distraer la atención de sus tareas fundamentales: la organización de elecciones limpias y la vigilancia estricta del financiamiento político.
