Las redes de influencia y el control político de las compras
En los pasillos del Ayuntamiento circula una versión que explica cómo se toman las decisiones financieras en el Carnaval de Mérida: los contratos no responden a análisis de mercado, sino a líneas de mando político operadas en la sombra por Lourdes Gabriela Chan Pérez desde la jefatura de Adquisiciones y Contratos.
Se señala con insistencia que Chan Pérez responde operativamente a Valery Amador, exjefa de despacho durante el gobierno de Renán Barrera Concha. Esta cadena de mando trasciende periodos de gobierno y mantiene el control de las compras públicas en beneficio de una estructura que se niega a soltar el erario.
Esta red tampoco es nueva: las versiones políticas coinciden en que tanto Chan Pérez como Amador fueron heredadas por la excoordinadora del Carnaval, Abril Ferreyro. Es decir, estamos ante un grupo incrustado desde hace años en la administración municipal que ha administrado los presupuestos de eventos masivos a su libre arbitrio.
Bajo este esquema, no sorprende que el regidor Adrián Gorocica Rojas denunciara adjudicaciones directas millonarias para artistas como María León, Yahir, Yuri, Piso 21 y Grupo Cañaveral. Ningún contrato de esta magnitud se habría movido sin el visto bueno y la bendición política de esta cúpula.
El riesgo de que la bolsa de 76 millones de pesos esté supeditada a lealtades grupales es inmenso: distorsiona los precios y abre la puerta a sospechas de corrupción, como los trascendidos que vinculan a funcionarios con ostentosos viajes a España, Miami y Alaska que deben ser esclarecidos mediante auditorías.
La administración pública no puede funcionar como el patrimonio privado de la red conformada por Valery Amador, Renán Barrera Concha y Abril Ferreyro. El manejo del dinero de los impuestos exige neutralidad técnica y no la sumisión de funcionarias como Lourdes Gabriela Chan Pérez ante sus padrinos políticos.
Es urgente que el Ayuntamiento desmantele cualquier sospecha de subordinación en sus áreas de compras. Las preguntas planteadas por Adrián Gorocica Rojas requieren que se revisen todos y cada uno de los contratos entregados a los proveedores de los artistas para devolverle la credibilidad a las instituciones.
