Las cifras del rezago: Un reto de 2 millones diarios

El panorama estadístico del registro celular en México es un llamado a la acción inmediata. Según el último reporte oficial de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, al 8 de marzo de 2026 solo se contaban con 20,432,654 líneas debidamente vinculadas a un titular. Esta cifra es alarmante si se considera la población total que utiliza dispositivos móviles en el territorio nacional.

Cuando el programa inició el 9 de enero de 2026, la expectativa era que el flujo de registros fuera constante y manejable. En ese momento, se estimaba que procesar 930,000 líneas al día sería suficiente para cubrir el mercado. Sin embargo, la apatía de los usuarios y la falta de una campaña masiva gubernamental durante los primeros meses echaron por tierra esa planeación original.

Hoy, la realidad es mucho más cruda. Con solo 75 días por delante antes del vencimiento legal del 30 de junio, la industria calcula que se deben procesar 2 millones de validaciones diarias. Este incremento del 115% en la carga de trabajo pone a prueba la capacidad tecnológica de los operadores pequeños y grandes por igual, desde Telcel hasta los Operadores Móviles Virtuales.

El objetivo del padrón es ambicioso: registrar la identidad de cada uno de los millones de usuarios para combatir al crimen organizado. Para lograrlo, la CRT aprobó el proyecto en diciembre de 2025 con un presupuesto de infraestructura de 4,053 millones de pesos. El desafío es que la inversión monetaria no garantiza por sí sola la participación ciudadana, que es el eslabón más débil de la cadena.

Si las tendencias no cambian drásticamente, el 9 de julio de 2026 podría ser recordado como el día de la gran desconexión. Esa es la fecha en la que, tras un breve periodo de gracia después del cierre del 30 de junio, los teléfonos no registrados solo podrán contactar a emergencias. La pérdida de conectividad afectaría no solo el ocio, sino la economía, el trabajo remoto y la seguridad personal de millones.

Los operadores de la AMOMVAC y Anatel insisten en que han hecho su parte al proporcionar las herramientas tecnológicas. El convenio firmado recientemente entre las compañías busca blindarlas ante posibles acusaciones de la CRT. “No queremos que digan que si esto no se logra fue por culpa de los operadores”, señalan las fuentes, dejando claro que la responsabilidad ahora está en manos del usuario y de la flexibilidad del regulador.