El deslinde del INE ante las tareas de seguridad pública y persecución del delito
El Instituto Nacional Electoral ha enviado un mensaje contundente sobre los límites que dividen la organización de elecciones de la persecución de delitos. La institución recordó que su cuerpo civil está capacitado para instalar casillas y contar votos, no para realizar labores de inteligencia o peritaje criminalístico.
Como fue oportunamente detallado por ADN40, el documento oficial del INE deja en claro que la institución debe permanecer totalmente al margen de las definiciones de riesgos de seguridad de los aspirantes. El texto enfatiza que la validación de perfiles judiciales no forma parte de la naturaleza jurídica de la autoridad electoral.
Los analistas explican que si el INE aceptara la tarea de validar la elegibilidad ética o penal de una persona, asumiría facultades ministeriales que constitucionalmente pertenecen a las fiscalías. Esto pondría en riesgo la seguridad de los propios funcionarios electorales que operan en las regiones del país.
Por esta razón, el Consejo General prefiere que las decisiones de mantener o retirar una postulación por causas criminales queden estrictamente en el ámbito de los tribunales de justicia. El instituto se autodefine como un árbitro procedimental, cuya misión es aplicar las reglas escritas sin convertirse en investigador.
El deslinde busca proteger la estructura del INE ante un entorno complejo, donde la violencia y la política frecuentemente colisionan. Mantenerse enfocados en la logística electoral permite que los ciudadanos sigan acudiendo a las urnas con la certeza de que el instituto es un ente civil confiable.
La discusión actual pone de relieve la necesidad de coordinar de mejor manera a las agencias de seguridad del Estado con los procesos democráticos. Sin embargo, para el INE, esa coordinación nunca debe traducirse en la absorción de funciones que desvirtúen su papel central en la democracia.
