El adiós a los privilegios: La reforma que sacude a Pemex y CFE
El sector energético y la banca pública en México enfrentan un cambio histórico en sus beneficios de retiro. La reforma contra las pensiones doradas ha comenzado a aplicarse, enviando un mensaje claro de que los tiempos de las jubilaciones de cientos de miles de pesos mensuales han llegado a su fin por decreto constitucional.
Según refiere una publicación de El Financiero, el impacto será severo para un grupo de aproximadamente 93 mil personas. Se estima que algunos jubilados verán una reducción de hasta el 60 por ciento en sus depósitos mensuales, lo que ha generado una movilización inmediata de exfuncionarios para tratar de revertir la medida en los tribunales.
La base legal de este ajuste es la reforma al artículo 127 constitucional, publicada este mes de abril. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por el Congreso, fija que ninguna pensión del sector público puede rebasar los 70 mil pesos mensuales, equivalente al 50 por ciento del salario presidencial.
Los extrabajadores de confianza de Pemex, la CFE, Banobras y Luz y Fuerza del Centro son los principales señalados por esta medida. Durante años, estas instituciones otorgaron beneficios de jubilación muy superiores a la media nacional, basándose en contratos colectivos y disposiciones internas que ahora quedan invalidadas frente a la Constitución.
La reforma obliga a revisar todos los contratos vigentes para asegurar que se ajusten al nuevo límite de ingresos. Lo que ha causado mayor indignación entre los colectivos de jubilados es que el ajuste es aplicable a las pensiones que ya se están pagando, lo cual perciben como una aplicación retroactiva de la ley que afecta su patrimonio.
Ante esta situación, la Alianza Nacional de Jubilados ha iniciado una estrategia de defensa legal a través de amparos. En sus movilizaciones, los retirados argumentan que el dinero de sus pensiones es fruto de su trabajo y no una concesión política. El debate está servido: ¿derecho adquirido o privilegio excesivo que debe ser acotado por el bien común?
Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la medida en diversas ocasiones. Sostiene que el objetivo es moralizar el gasto público y asegurar que los recursos se utilicen de manera más justa. Para la mandataria, ajustar las pensiones más altas a un tope de 70 mil pesos no es un castigo, sino un acto de justicia y racionalidad económica.
