Dictaminan a favor de Shakira en España: Fisco no probó residencia en 2011

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Las leyes de residencia fiscal han jugado a favor de los intereses de Shakira en las cortes de Madrid, marcando un hito en las disputas de celebridades extranjeras. El máximo tribunal de lo contencioso determinó que las pretensiones de cobro de la Hacienda española carecían de sustento fáctico, ordenando un masivo reembolso monetario.

Basados en los datos de la agencia de información EFE, los jueces determinaron que la Agencia Tributaria actuó bajo suposiciones erróneas al sancionar a la artista por el cobro del IRPF. La institución acusaba a la estrella de simular vivir fuera de España, un argumento que se desplomó al analizar las bitácoras de viaje de la acusada.

La defensa aportó pruebas irrefutables que demostraron que la cantante pasó al menos 202 días fuera de las fronteras españolas a lo largo de los doce meses correspondientes a 2011. Con estos registros validados, la corte concluyó que las exigencias del organismo público violaban las normativas básicas del derecho tributario nacional.

El caso cobra especial relevancia debido al severo señalamiento público que la cantautora enfrentó durante los ocho años que se prolongó la investigación de sus finanzas. La colombiana lamentó en reiteradas ocasiones el daño moral provocado por la exposición mediática de sus cuentas, señalando que la Administración abusó de su perfil público.

La sentencia detalla que las variaciones en las circunstancias sentimentales o profesionales de la afectada en los años ulteriores no tienen validez retroactiva sobre lo ocurrido en 2011. Con esto, la corte blindó el análisis de ese periodo específico, aislando el debate de los problemas posteriores que la cantante tuvo con la justicia. Con la anulación de estas actas de liquidación, el equipo financiero de la barranquillera espera el inicio de los trámites para la devolución del dinero. Aunque el proceso podría prolongarse debido al recurso de casación anunciado por los abogados del Estado, la resolución asienta un duro golpe a las estrategias agresivas de inspección del fisco